La seguridad alimentaria y el cambio climático

En 1996 en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, se acuña el concepto más aceptado de seguridad alimentaria, la cual menciona que “la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas, tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana”. Dicha definición plantea cuatro dimensiones primordiales como son la disponibilidad, accesibilidad, la utilización y la estabilidad. El grado de cumplimiento de las cuatro dimensiones dará como resultado el estado nutricional de una población.

El logro de la seguridad alimentaria ha sido un aspecto importante que fue considerado por los Asambleístas Constituyentes, que la incluyeron en la redacción de nueva Constitución Política del Estado en su artículo 16, como derecho fundamental de toda persona a la alimentación, estableciendo como obligación del Estado la de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada, suficiente para toda la población.

Dos son los sectores de la economía nacional que aportan decididamente al logro de la seguridad alimentaria, siendo estos la agricultura y la ganadería, proporcionando alimentos para los bolivianos, aunque desafortunadamente, ellos se encuentran también entre las actividades más vulnerables al cambio climático, es decir que su producción se puede ver afectada directa o indirectamente por los cambios en la distribución espacial y temporal de las lluvias, las temperaturas y los vientos.

Son pocos los estudios que se han realizado para establecer la situación de la seguridad alimentaria en Bolivia. El estudio más completo realizado a la fecha ha sido preparado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Programa Mundial de Alimentos, titulado como “Análisis y Mapeo de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria – VAM 2012”, el cual mide, a través de un índice  denominado de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, la diferencia entre el riesgo a presentar inseguridad alimentaria y la capacidad de respuesta de la población ante dicho riesgo, considerando para su valoración factores exógenos como el riesgo climático, el deterioro productivo y ambiental, etc.; y otros de carácter endógenos como son los ingresos, las condiciones de infraestructura, acceso a servicios básicos, etc.

Según dicho estudio de los 339 municipios que existen en el país, el 30.1% presenta un alto grado de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, el 58.7% una vulnerabilidad media, y el 11.2% se encuentra en una situación de baja vulnerabilidad. Si la anterior información se la expresa en términos demográficos, los municipios con alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria concentran alrededor del 11% de la población total boliviana, mientras que el 40 y 49 por ciento restante viven en municipios de vulnerabilidad media y baja, respectivamente. Por otra parte, el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del año 2014, reporta que para ese año, en Bolivia existían 2.1 millones de habitantes subalimentados, correspondiendo al 19.5% de la población. Según dicho informe, Bolivia se encontraría en la categoría de países que ha realizado insuficientes progresos para alcanzar el objetivo de la Cumbre Mundial de Alimentos, que es de reducir a la mitad para el año 2015 el número de personas subalimentadas que había en el periodo 1990-1992.

De acuerdo al estudio titulado “La economía del cambio climático en Bolivia: Impactos en el Sector Agropecuario” elaborado por Andersen L., Jemio L., y Valencia H. el año 2014, se concluye que el cambio climático va a afectar al sector agropecuario en muchas y diferentes maneras como resultado de: (i) los efectos (negativos) brutos del cambio en el clima sobre los rendimientos agrícolas; (ii) los efectos (positivos) netos de la adaptación espontanea a través de la sustitución de los cultivos; (iii) los efectos (positivos) de la fertilización por las concentraciones de dióxido de carbono; (iv) los efectos (altamente negativos) del aumento en la frecuencia de eventos extremos; (v) efectos (usualmente negativos) de cambios en el nivel de biodiversidad y servicios eco-sistémicos que sostienen al sector; y (vi) el efecto de cambios en la disponibilidad de agua para riego. Dichos impactos biofísicos pueden generar impactos económicos directos de 45 mil millones de dólares en pérdidas en el periodo 2010-2100. De considerarse los impactos económicos indirectos también, dicha suma ascendería a pérdidas de 106 mil millones de dólares en dicho periodo de tiempo.

Principalmente durante la última década se han registrado impactos significativos del cambio climático sobre los sectores agrícola y pecuario, obligado al nivel central, a las gobernaciones y municipios a implementar medidas de adaptación al cambio climático, cuyo fin es ajustar al clima actual o al esperado y sus efectos, moderando o evitando los daños o explotando las oportunidades beneficiosas. Si bien en nuestro país, no se han desarrollado investigaciones que permitan determinar las proyecciones climáticas en distintas regiones, ni se tienen estudios que identifiquen los niveles umbrales de exposición climática en relación a los impactos, es necesario implementar medidas de adaptación consideradas de “no remordimiento” (no regret options), las cuales tienen las características de que su implementación es beneficiosa para la población, sin importar la presencia o no de manifestaciones de cambio climático.

En el caso de Bolivia, la identificación de medidas de adaptación de “no remordimiento”, no se constituye en una tarea difícil ya que, en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en su Cuarta Parte (Estructura y Organización Económica del Estado) se establece que el modelo económico boliviano es plural y está constituido por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Es importante resaltar que en la CPE se establece que uno de los objetivos de la forma de organización económica estatal es el logro de la soberanía alimentaria de la población, misma que se logrará a través del Desarrollo Rural Integral Sustentable, mismo que busca entre otros el incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola y pecuaria.

La implementación del modelo de Desarrollo Rural Integral Sustentable establecido en la Constitución Política del Estado permitirá entre otros: (i) garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano; (ii) proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres  naturales e inclemencias climáticas; (iii) implementar y desarrollar la educación técnica productiva y ecológica en todos sus niveles y modalidades; (iv) establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la conservación y recuperación de suelos; (v) promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción agropecuaria; (vi) garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y transferencia de tecnología en toda la cadena productiva agropecuaria; (vii) establecer la creación de banco de semillas y centros de investigación genética; (viii) establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios con debilidad estructural natural; (ix) establecer políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria; y (x) proveer infraestructura productiva, manufacturera e industrial y servicios básicos para el sector agropecuario.


La materialización del Desarrollo Rural Integral Sustentable mandado por la CPE no solo logrará la soberanía y seguridad alimentaria, sino que también permitirá a los agricultores y ganaderos estar mejor preparados para neutralizar los impactos del cambio climático. Es indudable que el mayor peso de responsabilidad en dicha materialización se encuentra en el nivel central del gobierno, complementado por las gobernaciones, gobiernos municipales y autonomías regionales. De cuanto ellos realicen para convertir unos preceptos constitucionales en realidades palpables, en el mediano y largo plazo, la población boliviana, podrá verificar si ellos han cumplido con sus funciones, de manera que el pueblo en su conjunto se los agradezcan y reconozcan; caso contrario; se los demanden.


José Luis Gutiérrez Ossio
Profesional Abogado titulado de la Universidad de Los Andes
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