En 1996 en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, se acuña
el concepto más aceptado de seguridad alimentaria, la cual menciona que “la seguridad alimentaria existe cuando todas
las personas, tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades
energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y
sana”. Dicha definición plantea cuatro dimensiones primordiales como son la
disponibilidad, accesibilidad, la utilización y la estabilidad. El grado de
cumplimiento de las cuatro dimensiones dará como resultado el estado nutricional
de una población.
El logro de la seguridad alimentaria ha sido un aspecto importante
que fue considerado por los Asambleístas Constituyentes, que la incluyeron en
la redacción de nueva Constitución Política del Estado en su artículo 16, como
derecho fundamental de toda persona a la alimentación, estableciendo como
obligación del Estado la de garantizar la seguridad alimentaria a través de una
alimentación sana, adecuada, suficiente para toda la población.
Dos son los sectores de la economía nacional que aportan
decididamente al logro de la seguridad alimentaria, siendo estos la agricultura
y la ganadería, proporcionando alimentos para los bolivianos, aunque
desafortunadamente, ellos se encuentran también entre las actividades más
vulnerables al cambio climático, es decir que su producción se puede ver
afectada directa o indirectamente por los cambios en la distribución espacial y
temporal de las lluvias, las temperaturas y los vientos.
Son pocos los estudios que se han realizado para establecer
la situación de la seguridad alimentaria en Bolivia. El estudio más completo
realizado a la fecha ha sido preparado por el Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras y el Programa Mundial de Alimentos, titulado como “Análisis y Mapeo de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria –
VAM 2012”, el cual mide, a través de un índice denominado de vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria, la diferencia entre el riesgo a presentar inseguridad alimentaria
y la capacidad de respuesta de la población ante dicho riesgo, considerando
para su valoración factores exógenos como el riesgo climático, el deterioro
productivo y ambiental, etc.; y otros de carácter endógenos como son los
ingresos, las condiciones de infraestructura, acceso a servicios básicos, etc.
Según dicho estudio de los 339 municipios que existen en el
país, el 30.1% presenta un alto grado de vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria, el 58.7% una vulnerabilidad media, y el 11.2% se encuentra en una
situación de baja vulnerabilidad. Si la anterior información se la expresa en
términos demográficos, los municipios con alta vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria concentran alrededor del 11% de la población total boliviana,
mientras que el 40 y 49 por ciento restante viven en municipios de
vulnerabilidad media y baja, respectivamente. Por otra parte, el informe de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del
año 2014, reporta que para ese año, en Bolivia existían 2.1 millones de
habitantes subalimentados, correspondiendo al 19.5% de la población. Según
dicho informe, Bolivia se encontraría en la categoría de países que ha
realizado insuficientes progresos para alcanzar el objetivo de la Cumbre
Mundial de Alimentos, que es de reducir a la mitad para el año 2015 el número de
personas subalimentadas que había en el periodo 1990-1992.
De acuerdo al estudio titulado “La economía del cambio climático en Bolivia: Impactos en el Sector
Agropecuario” elaborado por Andersen L., Jemio L., y Valencia H. el año
2014, se concluye que el cambio climático va a afectar al sector agropecuario
en muchas y diferentes maneras como resultado de: (i) los efectos (negativos)
brutos del cambio en el clima sobre los rendimientos agrícolas; (ii) los
efectos (positivos) netos de la adaptación espontanea a través de la
sustitución de los cultivos; (iii) los efectos (positivos) de la fertilización
por las concentraciones de dióxido de carbono; (iv) los efectos (altamente
negativos) del aumento en la frecuencia de eventos extremos; (v) efectos
(usualmente negativos) de cambios en el nivel de biodiversidad y servicios
eco-sistémicos que sostienen al sector; y (vi) el efecto de cambios en la
disponibilidad de agua para riego. Dichos impactos biofísicos pueden generar
impactos económicos directos de 45 mil millones de dólares en pérdidas en el
periodo 2010-2100. De considerarse los impactos económicos indirectos también,
dicha suma ascendería a pérdidas de 106 mil millones de dólares en dicho
periodo de tiempo.
Principalmente durante la última década se han registrado
impactos significativos del cambio climático sobre los sectores agrícola y
pecuario, obligado al nivel central, a las gobernaciones y municipios a
implementar medidas de adaptación al cambio climático, cuyo fin es ajustar al
clima actual o al esperado y sus efectos, moderando o evitando los daños o
explotando las oportunidades beneficiosas. Si bien en nuestro país, no se han
desarrollado investigaciones que permitan determinar las proyecciones
climáticas en distintas regiones, ni se tienen estudios que identifiquen los
niveles umbrales de exposición climática en relación a los impactos, es
necesario implementar medidas de adaptación consideradas de “no remordimiento”
(no regret options), las cuales tienen las características de que su
implementación es beneficiosa para la población, sin importar la presencia o no
de manifestaciones de cambio climático.
En el caso de Bolivia, la identificación de medidas de
adaptación de “no remordimiento”, no se constituye en una tarea difícil ya que,
en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en su Cuarta Parte
(Estructura y Organización Económica del Estado) se establece que el modelo
económico boliviano es plural y está constituido por las formas de organización
económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Es importante
resaltar que en la CPE se establece que uno de los objetivos de la forma de
organización económica estatal es el logro de la soberanía alimentaria de la
población, misma que se logrará a través del Desarrollo Rural Integral Sustentable,
mismo que busca entre otros el incremento sostenido y sustentable de la
productividad agrícola y pecuaria.
La implementación del modelo de Desarrollo Rural Integral
Sustentable establecido en la Constitución Política del Estado permitirá entre otros:
(i) garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción
y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio
boliviano; (ii) proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante
desastres naturales e inclemencias
climáticas; (iii) implementar y desarrollar la educación técnica productiva y
ecológica en todos sus niveles y modalidades; (iv) establecer políticas y
proyectos de manera sustentable, procurando la conservación y recuperación de
suelos; (v) promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción
agropecuaria; (vi) garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de
innovación y transferencia de tecnología en toda la cadena productiva
agropecuaria; (vii) establecer la creación de banco de semillas y centros de
investigación genética; (viii) establecer políticas de fomento y apoyo a
sectores productivos agropecuarios con debilidad estructural natural; (ix)
establecer políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y la
inocuidad alimentaria; y (x) proveer infraestructura productiva, manufacturera
e industrial y servicios básicos para el sector agropecuario.
La materialización del Desarrollo Rural Integral Sustentable
mandado por la CPE no solo logrará la soberanía y seguridad alimentaria, sino
que también permitirá a los agricultores y ganaderos estar mejor preparados
para neutralizar los impactos del cambio climático. Es indudable que el mayor
peso de responsabilidad en dicha materialización se encuentra en el nivel
central del gobierno, complementado por las gobernaciones, gobiernos
municipales y autonomías regionales. De cuanto ellos realicen para convertir
unos preceptos constitucionales en realidades palpables, en el mediano y largo
plazo, la población boliviana, podrá verificar si ellos han cumplido con sus
funciones, de manera que el pueblo en su conjunto se los agradezcan y
reconozcan; caso contrario; se los demanden.
José
Luis Gutiérrez Ossio
Profesional
Abogado titulado de la Universidad de Los Andes
