Diplomados en Administración de Empresas

Aplicar las últimas herramientas de gestión empresarial, impulsando la modernización inteligente de una empresa para un cliente cada vez más exigente.

Diplomado en Derecho Laboral

Actualizar las capacidades en la aplicación de las normas y de los procedimientos en materia laboral.

Diplomado en Derecho Notarial.

Mejorar el desempeño profesional en Derecho Notarial, gestionar procesos voluntarios en la Vía Rápida y familiarizar con los títulos y trámites en los registros públicos.

Diplomado en Educación Superior

Brindar un servicio profesional, ético, responsable, eficiente y acorde con los aportes conceptuales más relevantes del pensamiento pedagógico y del actual marco normativo de la educación superior en Bolivia..

Diplomado en Educación Superior.

Brindar un servicio profesional, ético, responsable, eficiente y acorde con los aportes conceptuales más relevantes del pensamiento pedagógico y del actual marco normativo de la educación superior en Bolivia.

Cuadrangular Deportivo

El pasado 5 de Abril fuimos invitados por la Universidad Tecnológica Boliviana (ya que están de Aniversario por sus 24 años de Fundación) a jugar un cuadrangular de Fútbol Varones, en el Complejo Deportivo “Luis Lastra”, el equipo UNANDES fue entrenado por el profesor Ricardo Orozco.



Informamos que ya pueden inscribirse al Campeonato Interfacultativo en Dirección de Servicios Estudiantiles, 
Te esperamos!!

Divorcio por mandato en la Ley 603

La promulgación de la Ley 603 denominado “Código de las Familias y del Proceso Familiar” puesta en vigencia el 19 de Noviembre del 2014, fue creada con el objetivo de acelerar los procesos familiares, descongestionar el Órgano Judicial, reducir gastos económicos y evitar perjuicios para las partes en proceso, estableciendo al mismo tiempo principios fundamentales para el proceso familiar como ser: El principio de Preclusión, principio de Impulso Procesal, principio de Trascendencia, entre otros. Así mismo, una de las  novedades es que la norma familiar adquiere independencia -anteriormente el proceso de divorcio era un proceso ordinario con sujeción al Procedimiento Civil- un proceso ordinario que duraba aproximadamente dos años, varias audiencias, declaración de testigos, presentación de pruebas, etc. Haciendo que el proceso de divorcio sea muy costoso económicamente, agotador y tedioso para las partes.

Por su parte, hoy el sistema del Proceso Familiar está compuesto por: a) Proceso Ordinario; b) Proceso Extraordinario; y, c) procesos de resolución inmediata; donde el divorcio se tramita a través de un proceso extraordinario; del mismo modo, la norma vigente elimina toda causal de divorcio, estableciendo como único requisito “la ruptura del proyecto de vida en común”, donde las partes ya no necesitan manifestar ni demostrar el motivo del divorcio ni quien tuvo la culpa para haber llegado a la determinación de desvincular la relación jurídica del matrimonio; así mismo, la Ley del Notario plurinacional da vigencia al divorcio administrativo aplicable en los casos en que los cónyuges no tengan bienes gananciales ni hijos menores de 25 años, habilitando la vía voluntaria notarial; desde todo punto de vista, el espíritu de esta norma familiar es la de reducir al mínimo posible el tiempo de duración y el costo del proceso familiar de divorcio.

Reconoce también la norma el proceso de Divorcio por mandato –con apoderado-, sin embargo, la aplicación del derecho en la realidad procesal en determinadas circunstancias en algunas situaciones cuando el divorcio se realiza mediante representación por poder? El Código de las Familias y del Proceso Familiar en su Art. 213 establece que:
El divorcio o desvinculación de la unión, puede realizarse por medio de  representante con poder especial otorgado ante Notaria de Fe Pública o ante autoridad competente, con la mención expresa de la vía o vías en la que se realizara y la identificación de la persona de quien la o el poderdante quiere divorciarse o pretender la desvinculación. La presencia de esta última es indispensable en acto.
Si bien este artículo establece la posibilidad que el proceso de divorcio se pueda realizar mediante representación por poder, observamos que el último párrafo puede llevar a diferentes interpretaciones por parte de los administradores de justicia a momento de sustanciar el proceso de divorcio, precisamente, aplicando formulario de encuesta a Jueces en los juzgados de la ciudad de La Paz, y entrevista a expertos en materia Familiar y a Abogados en ejercicio de la profesión, se pudo constatar de que existe variedad de criterios por parte de los administradores de justicia a momento de aplicar dicho artículo, es así que más de la mitad de los Jueces Públicos de Familia exigen la presencia indispensable del poderdante en audiencia de ratificación o desistimiento del proceso de divorcio cuando el mismo es tramitado mediante representación por poder.

Esto, motiva plantear la modificación del Art. 213 del Código de Las Familias y del Proceso Familiar (Ley 603) del 19 de noviembre del 2014, porque en su enunciado principal establece el Divorcio mediante representación con poder especial, sin embargo en su párrafo final nos dice que “la presencia de esta última es indispensable en el acto“. Es más, en visita a juzgados se pudo conocer que más de la mitad de los procesos que se tramitan mediante representación por poder quedan sin sentencia porque el Juez exige que el mandante se haga presente de manera indispensable en audiencia de ratificación o desistimiento del proceso, en el caso de no presentarse pese a una conminatoria ante la inasistencia del poderdante a audiencia la autoridadal final de la misma emite la resolución de desistimiento del proceso de divorcio, vulnerando el principio de Preclusión, por el que las diversas etapas del proceso desarrolladas y concluidas en forma sucesiva, no podrán retrotraerse ni por la voluntad de las partes ni de la autoridad Art. 220 Inc. del Código de las Familias y del Proceso Familiar. En los casos en las que la autoridad desestima el proceso se retrotrae a cero, además, la autoridad judicial no puede negar la administración de justicia ya sea por falta obscuridad o insuficiencia de la Norma, así lo establece el art. 219 P. III del proceso familiar.
De la misma forma, se vulnera también el principio de Impulso Procesal, por el que la responsabilidad de la dirección y desarrollo de las actuaciones procesales recae en la autoridad judicial, adoptando esta las medidas necesarias para evitar su paralización o dilación Art.220 Inc. f. de la norma precitada.
Además ante la desestimación del proceso y la emisión de la resolución de desistimiento del proceso por la inasistencia del poderdante a audiencia de ratificación o desistimiento del proceso de divorcio, el juez no está cumpliendo con una de sus funciones fundamentales que es la de interpretar la norma, tomar en cuenta el poder especial con el que se apersona el mandatario, y considerar  estos casos especiales en los que el poderdante otorga mandato a un tercero llamado mandatario para que este hagan las diligencia en su nombre, durante todo el proceso de divorcio, desde la presentación de la demanda hasta la emisión de sentencia.

Si bien la acción de divorcio es inminentemente personal, esa es la regla, pero todo regla tiene excepciones y esa excepción tiene que ser dada para las partes, que por diversos motivos  se encuentran imposibilitadas de llevar adelante el proceso de divorcio de manera personal, ya sea motivos de salud, trabajo, residencia en el extranjero, becas de estudio etc. por lo que se encuentran en la necesidad de otorgar un poder para divorciarse, pero, si la autoridad no toma en cuenta estas “situaciones” pues el perjuicio no es solo para las partes en proceso, sino también para el Estado, que va en contra de la economía jurídica; importante también es considerar que el poder especial para divorcio se otorga mediante un contrato solemne, en caso que el motivo sea por residencia en el extranjero, pues se debe hacer mediante el Consulado Boliviano en el país que vive el mandante, luego enviar a Cancillería de Bolivia para ser visado y posteriormente protocolizado; en el caso que el  motivo sea por salud, pues se debería hacer uso de la tecnología, instalando una video llamada directa desde el hospital o cualquier centro médico donde se encuentre el mandante, con la presencia de un Notario de Fe Pública. Además, si la autoridad no toma en cuenta el poder especial con el que se hace presente el mandatario, entonces qué sentido tendría otorgar un poder?, no sería desmerecer el Instituto de la Representación? Además el contrato de mandato, como otros contratos, es generador de Deberes y Responsabilidades, art. 804 del Código Civil: El mandato es el contrato por cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante.

En ese sentido, será importante, tomar en cuenta estas observaciones para modificar el art. 213 de Código de las familias y del proceso familiar, excluyendo la última frase de dicho artículo porque en el análisis exegético, se determina que ésta cuestionada última parte de la norma, conlleva a interpretaciones diferentes por parte de los administradores de justicia a momento de aplicar la norma.

Verónica Mendiola Carmona
Abogada titulada de la Universidad de Los Andes

La seguridad alimentaria y el cambio climático

En 1996 en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, se acuña el concepto más aceptado de seguridad alimentaria, la cual menciona que “la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas, tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana”. Dicha definición plantea cuatro dimensiones primordiales como son la disponibilidad, accesibilidad, la utilización y la estabilidad. El grado de cumplimiento de las cuatro dimensiones dará como resultado el estado nutricional de una población.

El logro de la seguridad alimentaria ha sido un aspecto importante que fue considerado por los Asambleístas Constituyentes, que la incluyeron en la redacción de nueva Constitución Política del Estado en su artículo 16, como derecho fundamental de toda persona a la alimentación, estableciendo como obligación del Estado la de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada, suficiente para toda la población.

Dos son los sectores de la economía nacional que aportan decididamente al logro de la seguridad alimentaria, siendo estos la agricultura y la ganadería, proporcionando alimentos para los bolivianos, aunque desafortunadamente, ellos se encuentran también entre las actividades más vulnerables al cambio climático, es decir que su producción se puede ver afectada directa o indirectamente por los cambios en la distribución espacial y temporal de las lluvias, las temperaturas y los vientos.

Son pocos los estudios que se han realizado para establecer la situación de la seguridad alimentaria en Bolivia. El estudio más completo realizado a la fecha ha sido preparado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Programa Mundial de Alimentos, titulado como “Análisis y Mapeo de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria – VAM 2012”, el cual mide, a través de un índice  denominado de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, la diferencia entre el riesgo a presentar inseguridad alimentaria y la capacidad de respuesta de la población ante dicho riesgo, considerando para su valoración factores exógenos como el riesgo climático, el deterioro productivo y ambiental, etc.; y otros de carácter endógenos como son los ingresos, las condiciones de infraestructura, acceso a servicios básicos, etc.

Según dicho estudio de los 339 municipios que existen en el país, el 30.1% presenta un alto grado de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, el 58.7% una vulnerabilidad media, y el 11.2% se encuentra en una situación de baja vulnerabilidad. Si la anterior información se la expresa en términos demográficos, los municipios con alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria concentran alrededor del 11% de la población total boliviana, mientras que el 40 y 49 por ciento restante viven en municipios de vulnerabilidad media y baja, respectivamente. Por otra parte, el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del año 2014, reporta que para ese año, en Bolivia existían 2.1 millones de habitantes subalimentados, correspondiendo al 19.5% de la población. Según dicho informe, Bolivia se encontraría en la categoría de países que ha realizado insuficientes progresos para alcanzar el objetivo de la Cumbre Mundial de Alimentos, que es de reducir a la mitad para el año 2015 el número de personas subalimentadas que había en el periodo 1990-1992.

De acuerdo al estudio titulado “La economía del cambio climático en Bolivia: Impactos en el Sector Agropecuario” elaborado por Andersen L., Jemio L., y Valencia H. el año 2014, se concluye que el cambio climático va a afectar al sector agropecuario en muchas y diferentes maneras como resultado de: (i) los efectos (negativos) brutos del cambio en el clima sobre los rendimientos agrícolas; (ii) los efectos (positivos) netos de la adaptación espontanea a través de la sustitución de los cultivos; (iii) los efectos (positivos) de la fertilización por las concentraciones de dióxido de carbono; (iv) los efectos (altamente negativos) del aumento en la frecuencia de eventos extremos; (v) efectos (usualmente negativos) de cambios en el nivel de biodiversidad y servicios eco-sistémicos que sostienen al sector; y (vi) el efecto de cambios en la disponibilidad de agua para riego. Dichos impactos biofísicos pueden generar impactos económicos directos de 45 mil millones de dólares en pérdidas en el periodo 2010-2100. De considerarse los impactos económicos indirectos también, dicha suma ascendería a pérdidas de 106 mil millones de dólares en dicho periodo de tiempo.

Principalmente durante la última década se han registrado impactos significativos del cambio climático sobre los sectores agrícola y pecuario, obligado al nivel central, a las gobernaciones y municipios a implementar medidas de adaptación al cambio climático, cuyo fin es ajustar al clima actual o al esperado y sus efectos, moderando o evitando los daños o explotando las oportunidades beneficiosas. Si bien en nuestro país, no se han desarrollado investigaciones que permitan determinar las proyecciones climáticas en distintas regiones, ni se tienen estudios que identifiquen los niveles umbrales de exposición climática en relación a los impactos, es necesario implementar medidas de adaptación consideradas de “no remordimiento” (no regret options), las cuales tienen las características de que su implementación es beneficiosa para la población, sin importar la presencia o no de manifestaciones de cambio climático.

En el caso de Bolivia, la identificación de medidas de adaptación de “no remordimiento”, no se constituye en una tarea difícil ya que, en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en su Cuarta Parte (Estructura y Organización Económica del Estado) se establece que el modelo económico boliviano es plural y está constituido por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Es importante resaltar que en la CPE se establece que uno de los objetivos de la forma de organización económica estatal es el logro de la soberanía alimentaria de la población, misma que se logrará a través del Desarrollo Rural Integral Sustentable, mismo que busca entre otros el incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola y pecuaria.

La implementación del modelo de Desarrollo Rural Integral Sustentable establecido en la Constitución Política del Estado permitirá entre otros: (i) garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano; (ii) proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres  naturales e inclemencias climáticas; (iii) implementar y desarrollar la educación técnica productiva y ecológica en todos sus niveles y modalidades; (iv) establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la conservación y recuperación de suelos; (v) promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción agropecuaria; (vi) garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y transferencia de tecnología en toda la cadena productiva agropecuaria; (vii) establecer la creación de banco de semillas y centros de investigación genética; (viii) establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios con debilidad estructural natural; (ix) establecer políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria; y (x) proveer infraestructura productiva, manufacturera e industrial y servicios básicos para el sector agropecuario.


La materialización del Desarrollo Rural Integral Sustentable mandado por la CPE no solo logrará la soberanía y seguridad alimentaria, sino que también permitirá a los agricultores y ganaderos estar mejor preparados para neutralizar los impactos del cambio climático. Es indudable que el mayor peso de responsabilidad en dicha materialización se encuentra en el nivel central del gobierno, complementado por las gobernaciones, gobiernos municipales y autonomías regionales. De cuanto ellos realicen para convertir unos preceptos constitucionales en realidades palpables, en el mediano y largo plazo, la población boliviana, podrá verificar si ellos han cumplido con sus funciones, de manera que el pueblo en su conjunto se los agradezcan y reconozcan; caso contrario; se los demanden.


José Luis Gutiérrez Ossio
Profesional Abogado titulado de la Universidad de Los Andes

Indemización de Quinquenio


Bolivia, a partir del 2006, vivió un proceso de transformaciones políticas, sociales y económicas, que inició con la instalación de la Asamblea Constituyente, cuyo producto fue la Nueva Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, habiéndose establecido en ella las bases para responder y resolver las falencias del Estado republicano, es decir la pobreza, la desigualdad y la discriminación de sus ciudadanos.

Debido a los conflictos que se produjeron durante el proceso constituyente, los contenidos de la Constitución Política, incluidos los referidos al ámbito laboral, le dan al país un nuevo enfoque de Estado Proteccionista, en la Nueva Constitución Política del Estado los derechos laborales se encuentran plasmados en la Sección III, “Derecho al Trabajo y al Empleo”, estableciendo los derechos y principios laborales aplicables en las relaciones de dicho ámbito en nuestro país, mismos que serán objeto de estudio.

Posteriormente, este proceso de transformación, es acompañado con el desarrollo de diversas normas, tales como el Decreto Supremo 0110 de 1 de mayo de 2009 y Decreto Supremo 0522 de 26 de mayo de 2010, la normativas citadas han marcado un hito en la profundización de los pagos de los beneficios sociales de indemnización y quinquenio.

Debido a lo explicado precedentemente y dada la coyuntura actual que a traviesa el país, es de importancia de analizar el Decreto Supremo 0522, de 26 de mayo de 2010, el cual reglamenta el pago del quinquenio.

Para poder realizar análisis del Decreto Supremo 0522 de 26 de mayo de 2010, y su amplia relación con la Constitución Política del Estado, se deben precisar algunos conceptos. Que a continuación se detallan:

-        Indemnización: según el autor Marco A. Dick, es la compensación de económica que el empleador le abona al trabajador por el tiempo de servicios prestados y como resarcimiento y reconocimiento al desgaste efectuado en ese tiempo, toda vez que transcurridos los años están en una situación de agotamiento y cansancio, por que las fuerzas le abandonan y ya no puede seguir como antes y por los perjuicios ocasionados como causa de la ruptura del contrato. (Dick, 2008)
-        Indemnización: según el Decreto Supremo 0110 de 1 de mayo de 2009, de 1 de mayo de 2009, “es la compensación de al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga el equivalente  a un sueldo por cada año de trabajo continuo o en forma proporcional a los meses trabajados cuando no se ha alcanzado el año”.
-        Quinquenio: según el Decreto Supremo 522 de 26 de mayo de 2010, “es la consolidación de la indemnización por tiempo de servicios al cumplimiento de cada 5 años de trabajo de manera continua”.
-        Principios, son aquellos preceptos jurídicos, que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones.

El quinquenio, es la compensación del desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga a solicitud del trabajador una vez que este cumpla cinco años de continuidad laboral.

Anteriormente al Decreto Supremo 522, el trabajador era sujeto al pago de la indemnización una vez que la relación laboral entre el trabajador y el empleador haya finalizado y el mismo debía contar mínimamente con 5 años de antigüedad, es decir que si el trabajador terminaba su relación laboral a los 3 (tres) años, este no era sujeto al pago de su indemnización. El Decreto Supremo 11478, de 16 de mayo  de 1974, establecía que se podía acordar el pago anticipado de la extinción laboral a los trabajadores, empero se realizaba un nuevo cómputo de servicios, sin embargo el contrato seguía surtiendo efecto. Posteriormente el Decreto Supremo 21137, reglamentaba al Decreto Supremo 21060, estableciendo la prohibición del anticipo del pago de la indemnización, únicamente se realizaba el pago de la indemnización una vez que se terminaba la relación laboral entre el trabajador y empleador.

De los principios laborales, el Decreto Supremo 522, tiene íntima relación con los principios de estabilidad y continuidad laboral.

Dado el estudio realizado en líneas precedentes, el Decreto Supremo fue una medida de protección hacia el trabajador, años anteriores en nuestro país no se realizaba el pago del quinquenio, el trabajador solo era beneficiario del pago de su indemnización si este cumplía 5 años de trabajo, además la relación laboral debía ser finalizada, por un periodo si realizaba el pago por adelantado de la indemnización sin embargo, el trabajador perdía su antigüedad laboral iniciándose así un nuevo computo de relación con el trabajador.

El Decreto Supremo 522, ha permitido mejorar las condiciones del trabajador, dado que garantiza la estabilidad y continuidad laboral, y protege a los trabajadores de perder la antigüedad en su fuente laboral, resguardando al mismo tiempo los beneficios sociales que esto conlleva, como el derecho de vacaciones y bono de antigüedad.

Dra. Silvana J. Fortun Sanjines (Abogada)
Diplomante en Derecho Laboral y Procesal Laboral



Flota Pesquera Marítima Boliviana



Bolivia como país sin costa marítima (enclaustrado) no tiene acceso libre y soberano al mar, por lo que no contaba con instituciones nacionales que incentiven actividades marítimas, recién con la creación de la que fuera Fuerza Naval Boliviana[1], actualmente: Armada de Bolivia, en la década de los años sesenta y posterior coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional se ha promovido la creación de una institución que agrupe todas las actividades referidas al mar, los espejos de agua y vías fluviales navegables, como es la Subsecretaria de Intereses Marítimos, Fluviales y Lacustres según el D.S. Nº 17918 del  8 de enero de 1981 con la finalidad de "aglutinar" a todos los organismos que se hallan íntimamente ligados al desarrollo y expansión de la navegación marítima, fluvial y lacustre de Bolivia.
 
Los intereses marítimos son parte integrante de los intereses nacionales, tienen su origen en las necesidades del pueblo boliviano.
 
Estos intereses son: el mar como vía de comunicación y comercio, el mar como fuente de alimentación, como escenario de la marina mercante, de la actividad portuaria y de la vida nacional.
 
La autoridad marítima de un Estado es  responsable de ejecutar la política de gobierno en materia marítima y tiene por objeto: “dirigir, coordinar y controlar  las actividades marítimas, lacustres y fluviales del Estado promoviendo la marina mercante, velando por la seguridad de la navegación y de la vida humana en todos los espacios acuáticos de su jurisdicción, contribuyendo a la preservación de la zona costera y al desarrollo científico y tecnológico del país” (Armada Boliviana, 2014).
 
La investigación se realizó en función de la necesidad de generar una Ley para la Organización y Operación de una Flota Pesquera Marítima Boliviana, con la finalidad de iniciar tareas de pesca marítima como Estado sin litoral, de acuerdo a lo estipulado  en los convenios internacionales marítimos, de los cuales Bolivia es signataria, dentro el pensamiento de que el mar es de todos los habitantes del mundo y sus recursos naturales marítimos deben favorecer a todos los países, indistintamente si estos cuentan o no con una costa marítima. 
 
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), es considerada uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, siendo calificada como la Constitución de los océanos. Bolivia es signataria de la convención[2] y goza de derechos otorgados a países sin litoral.
 
La Organización Marítima Internacional (OMI) es un organismo especializado de las Naciones Unidas que promueve la cooperación entre Estados y la industria de transporte para mejorar la seguridad marítima y para prevenir la contaminación marina. La OMI en forma general, norma las actividades marítimas mundiales.
 
Bolivia está dentro de éstas organizaciones, pese a ser un país sin costa marítima desde la invasión chilena de 1879, tiene presencia en el mar porque nuestro pabellón está en los mares, por supuesto, las embarcaciones no son nuestras, son propiedad de otros países a esta clasificación se denomina Estado Abanderamiento. Asi mismo, existen embarcaciones pesqueras con pabellón boliviano.
 
Por ello surge la necesidad de generar una norma y políticas jurídicas, económicas y otras para impulsar la pesca marítima con embarcaciones bolivianas y personal boliviano, ya que ahora solo se otorga el pabellón por un cierto tiempo para que nuestro país tenga presencia en altamar a través del Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB). La organización marítima boliviana está establecida dentro las normas internacionales respetando acuerdos y tratados suscritos por el país.
 
La Dirección General de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante (DDGGIIMMFFLLMM), es el organismo técnico administrativo dependiente del Ministerio de Defensa del Estado y llamado por ley para ejercer las funciones de autoridad marítima en representación del país, proyecta la imagen marítima asesora a la máxima autoridad ejecutiva referente a los Intereses Marítimos Fluviales y Lacustres.
 
El artículo 268 de la Constitución Política del Estado en el capítulo cuarto Reivindicación Marítima dice: “el desarrollo de los intereses marítimos, Fluviales y Lacustres y de la Marina Mercante será prioridad del Estado y su administración y protección será ejercida por la Armada Boliviana de acuerdo con la ley.”
 
Los Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante tienen la misión de: “Normar, administrar, proteger y desarrollar los intereses marítimos, fluviales, lacustres, marina mercante y la pesca marítima de altura con la finalidad de garantizar la seguridad de vida humana, alimentación, navegación, protección del medio ambiente acuático” (Dirección General de Intereses Marítimos, FLuviales, Lacustres y Marina Mercante, 2011).
 
La pesca marítima no es empleada por el Estado boliviano, como país sin litoral marítimo, que sin embargo, goza del beneficio de efectuar pesca en alta mar, de acuerdo a tratados y convenios internacionales.
 
El artículo 311 de la Constitución Política del Estado en su parágrafo II, inciso 2 dice: “Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado. Se respetará y garantizará la propiedad individual y colectiva sobre la tierra. La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo establecido en la cuarta parte de esta constitución referida a la estructura y organización económica del Estado” (Bolivia, 2009). Considerado como contribución a la economía.
 
Destacar la innovación de esta investigación, que contribuye al art. 268 de la Constitución Política del Estado  y su condición de mantener a Bolivia con actividad marítima creíble, propia y no solo de Estado Abanderamiento en apego a normas internacionales es relevante para los intereses nacionales.
 
Bolivia estaría presente en aguas internacionales, con su propia flota pesquera, primero: con tripulación boliviana, donde  habría que capacitar para este efecto personal técnico, con suficientes conocimientos, trabajando con toda solvencia, tanto en la pesca, como en cuanto al mantenimiento de la embarcación y conocimientos sobre navegación marítima; Bolivia, a la fecha no tiene una flota pesquera propia, por consiguiente se plantea como innovación, para aplicar los convenios internacionales en los que nuestro Estado es signatario por ser un país sin costa marítima.
 
Es de interés general para todo boliviano que potencialmente se involucrará directa o indirectamente con el arte de la pesca marítima y sobre la conciencia marítima boliviana. En lo social permitirá esta actividad pesquera marítima, generar fuentes de trabajo, tanto en lo primario como trabajos terciarios (puerto, navegación, pesca, etc.).
 
Bolivia, no solo tiene la capacidad intelectual y el recurso humano formado principalmente en la Armada Boliviana sino que cuenta con el apoyo del Gobierno porque como Estado puede asumir este reto que desde luego le permitirá desarrollar mucho más otros sectores productivos y comerciales que aporten al Producto Interno Bruto y por tanto a la economía nacional.



Elizabeth Gabriela Goytia Huerta
Es Abogada titulada de la Facultad de Derecho



[1] Así se denominaba a la actual Armada de Bolivia.
[2] Bolivia se adhirió a la CONVEMAR el 27 de noviembre de 1984, ratificando el 12 de julio de 1994.

Regulación de Sobrevuelo de Drones (Rpas) Civiles en el Estado Plurinacional de Bolivia


La investigación realizada para la regulación de drones civiles en el Estado Plurinacional de Bolivia  surge a consecuencia del avance de la tecnología y la necesidad de poner orden a la inminente utilización y sobre-desarrollo de esta actividad de vuelo de drones civiles con distintos fines, entre ellos comerciales. 
Los inconvenientes que presentan el uso de drones en Bolivia, es la ausencia de un marco regulatorio. La Ley Aeronáutica Boliviana (Ley 2902) no reglamenta las aeronaves no tripuladas solo da a entender en su artículo 10°. El despegue, la circulación y el aterrizaje de aeronaves son libres en el territorio y espacio aéreo boliviano, en cuanto no fueren limitados por esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones aeronáuticas vigentes, por razones de defensa o seguridad nacional o de interés público.

Lo que implica que ni siquiera se prevé la existencia de aeronaves sin piloto. El problema  surge tanto con que estos artefactos compartan el cielo con la aviación general o la comercial, lo que se denomina espacio aéreo controlado.
En una actividad donde la dinámica y la condición de estándares de seguridad y confiabilidad con que operan las actividades aeronáuticas, carezcan de un marco regulatorio representa un serio obstáculo para el empleo de estos sistemas en los espacios aéreos controlados, así como una amenaza para la seguridad nacional y particular.
 
Para determinar la necesidad de regular los drones comerciales en el Estado Plurinacional de Bolivia, se debe previamente evaluar necesariamente, el ambiente en el cual se desenvuelve la sociedad actual, para tal efecto, se estudian las causas que lo originaron y sus repercusiones e impacto en el desenvolvimiento de la realidad boliviana.   
Después de haber comprendido la importancia de la regulación de los drones civiles en su verdadera dimensión podemos analizar que jurídicamente existe un vacío.

Emergen de la investigación recomendaciones y conclusiones tales como: que el sobrevuelo de drones (RPAS) Aviones Controlados de Forma Remota, sea regulado por la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) Boliviana; y también, que el sobrevuelo de drones sea fiscalizado por la autoridad de la aviación civil DGAC (Dirección General de Aviación civil).
El Derecho Aeronáutico y Política Aérea en  el Estado plurinacional de Bolivia constituyen un tema de suma importancia que debe ser analizado y evaluado minuciosamente por las respectivas autoridades para el desarrollo continuo de todo su clima institucional.


La DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) como la institución máxima de control aéreo en Bolivia puede dar control y seguimiento a empresas comerciales de drones civiles nacionales o extranjeras con el fin de brindar seguridad pública; por ello que la propuesta jurídica que ha derivado de la investigación se emite como una Reglamentación de la Aeronáutica Civil Boliviana para la certificación y operación de aeronaves no tripuladas.


Adhemar Ronny Román Miranda
Es abogado titulado de la Facultad de Derecho