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Indemización de Quinquenio


Bolivia, a partir del 2006, vivió un proceso de transformaciones políticas, sociales y económicas, que inició con la instalación de la Asamblea Constituyente, cuyo producto fue la Nueva Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, habiéndose establecido en ella las bases para responder y resolver las falencias del Estado republicano, es decir la pobreza, la desigualdad y la discriminación de sus ciudadanos.

Debido a los conflictos que se produjeron durante el proceso constituyente, los contenidos de la Constitución Política, incluidos los referidos al ámbito laboral, le dan al país un nuevo enfoque de Estado Proteccionista, en la Nueva Constitución Política del Estado los derechos laborales se encuentran plasmados en la Sección III, “Derecho al Trabajo y al Empleo”, estableciendo los derechos y principios laborales aplicables en las relaciones de dicho ámbito en nuestro país, mismos que serán objeto de estudio.

Posteriormente, este proceso de transformación, es acompañado con el desarrollo de diversas normas, tales como el Decreto Supremo 0110 de 1 de mayo de 2009 y Decreto Supremo 0522 de 26 de mayo de 2010, la normativas citadas han marcado un hito en la profundización de los pagos de los beneficios sociales de indemnización y quinquenio.

Debido a lo explicado precedentemente y dada la coyuntura actual que a traviesa el país, es de importancia de analizar el Decreto Supremo 0522, de 26 de mayo de 2010, el cual reglamenta el pago del quinquenio.

Para poder realizar análisis del Decreto Supremo 0522 de 26 de mayo de 2010, y su amplia relación con la Constitución Política del Estado, se deben precisar algunos conceptos. Que a continuación se detallan:

-        Indemnización: según el autor Marco A. Dick, es la compensación de económica que el empleador le abona al trabajador por el tiempo de servicios prestados y como resarcimiento y reconocimiento al desgaste efectuado en ese tiempo, toda vez que transcurridos los años están en una situación de agotamiento y cansancio, por que las fuerzas le abandonan y ya no puede seguir como antes y por los perjuicios ocasionados como causa de la ruptura del contrato. (Dick, 2008)
-        Indemnización: según el Decreto Supremo 0110 de 1 de mayo de 2009, de 1 de mayo de 2009, “es la compensación de al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga el equivalente  a un sueldo por cada año de trabajo continuo o en forma proporcional a los meses trabajados cuando no se ha alcanzado el año”.
-        Quinquenio: según el Decreto Supremo 522 de 26 de mayo de 2010, “es la consolidación de la indemnización por tiempo de servicios al cumplimiento de cada 5 años de trabajo de manera continua”.
-        Principios, son aquellos preceptos jurídicos, que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones.

El quinquenio, es la compensación del desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga a solicitud del trabajador una vez que este cumpla cinco años de continuidad laboral.

Anteriormente al Decreto Supremo 522, el trabajador era sujeto al pago de la indemnización una vez que la relación laboral entre el trabajador y el empleador haya finalizado y el mismo debía contar mínimamente con 5 años de antigüedad, es decir que si el trabajador terminaba su relación laboral a los 3 (tres) años, este no era sujeto al pago de su indemnización. El Decreto Supremo 11478, de 16 de mayo  de 1974, establecía que se podía acordar el pago anticipado de la extinción laboral a los trabajadores, empero se realizaba un nuevo cómputo de servicios, sin embargo el contrato seguía surtiendo efecto. Posteriormente el Decreto Supremo 21137, reglamentaba al Decreto Supremo 21060, estableciendo la prohibición del anticipo del pago de la indemnización, únicamente se realizaba el pago de la indemnización una vez que se terminaba la relación laboral entre el trabajador y empleador.

De los principios laborales, el Decreto Supremo 522, tiene íntima relación con los principios de estabilidad y continuidad laboral.

Dado el estudio realizado en líneas precedentes, el Decreto Supremo fue una medida de protección hacia el trabajador, años anteriores en nuestro país no se realizaba el pago del quinquenio, el trabajador solo era beneficiario del pago de su indemnización si este cumplía 5 años de trabajo, además la relación laboral debía ser finalizada, por un periodo si realizaba el pago por adelantado de la indemnización sin embargo, el trabajador perdía su antigüedad laboral iniciándose así un nuevo computo de relación con el trabajador.

El Decreto Supremo 522, ha permitido mejorar las condiciones del trabajador, dado que garantiza la estabilidad y continuidad laboral, y protege a los trabajadores de perder la antigüedad en su fuente laboral, resguardando al mismo tiempo los beneficios sociales que esto conlleva, como el derecho de vacaciones y bono de antigüedad.

Dra. Silvana J. Fortun Sanjines (Abogada)
Diplomante en Derecho Laboral y Procesal Laboral



Flota Pesquera Marítima Boliviana



Bolivia como país sin costa marítima (enclaustrado) no tiene acceso libre y soberano al mar, por lo que no contaba con instituciones nacionales que incentiven actividades marítimas, recién con la creación de la que fuera Fuerza Naval Boliviana[1], actualmente: Armada de Bolivia, en la década de los años sesenta y posterior coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional se ha promovido la creación de una institución que agrupe todas las actividades referidas al mar, los espejos de agua y vías fluviales navegables, como es la Subsecretaria de Intereses Marítimos, Fluviales y Lacustres según el D.S. Nº 17918 del  8 de enero de 1981 con la finalidad de "aglutinar" a todos los organismos que se hallan íntimamente ligados al desarrollo y expansión de la navegación marítima, fluvial y lacustre de Bolivia.
 
Los intereses marítimos son parte integrante de los intereses nacionales, tienen su origen en las necesidades del pueblo boliviano.
 
Estos intereses son: el mar como vía de comunicación y comercio, el mar como fuente de alimentación, como escenario de la marina mercante, de la actividad portuaria y de la vida nacional.
 
La autoridad marítima de un Estado es  responsable de ejecutar la política de gobierno en materia marítima y tiene por objeto: “dirigir, coordinar y controlar  las actividades marítimas, lacustres y fluviales del Estado promoviendo la marina mercante, velando por la seguridad de la navegación y de la vida humana en todos los espacios acuáticos de su jurisdicción, contribuyendo a la preservación de la zona costera y al desarrollo científico y tecnológico del país” (Armada Boliviana, 2014).
 
La investigación se realizó en función de la necesidad de generar una Ley para la Organización y Operación de una Flota Pesquera Marítima Boliviana, con la finalidad de iniciar tareas de pesca marítima como Estado sin litoral, de acuerdo a lo estipulado  en los convenios internacionales marítimos, de los cuales Bolivia es signataria, dentro el pensamiento de que el mar es de todos los habitantes del mundo y sus recursos naturales marítimos deben favorecer a todos los países, indistintamente si estos cuentan o no con una costa marítima. 
 
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), es considerada uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, siendo calificada como la Constitución de los océanos. Bolivia es signataria de la convención[2] y goza de derechos otorgados a países sin litoral.
 
La Organización Marítima Internacional (OMI) es un organismo especializado de las Naciones Unidas que promueve la cooperación entre Estados y la industria de transporte para mejorar la seguridad marítima y para prevenir la contaminación marina. La OMI en forma general, norma las actividades marítimas mundiales.
 
Bolivia está dentro de éstas organizaciones, pese a ser un país sin costa marítima desde la invasión chilena de 1879, tiene presencia en el mar porque nuestro pabellón está en los mares, por supuesto, las embarcaciones no son nuestras, son propiedad de otros países a esta clasificación se denomina Estado Abanderamiento. Asi mismo, existen embarcaciones pesqueras con pabellón boliviano.
 
Por ello surge la necesidad de generar una norma y políticas jurídicas, económicas y otras para impulsar la pesca marítima con embarcaciones bolivianas y personal boliviano, ya que ahora solo se otorga el pabellón por un cierto tiempo para que nuestro país tenga presencia en altamar a través del Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB). La organización marítima boliviana está establecida dentro las normas internacionales respetando acuerdos y tratados suscritos por el país.
 
La Dirección General de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante (DDGGIIMMFFLLMM), es el organismo técnico administrativo dependiente del Ministerio de Defensa del Estado y llamado por ley para ejercer las funciones de autoridad marítima en representación del país, proyecta la imagen marítima asesora a la máxima autoridad ejecutiva referente a los Intereses Marítimos Fluviales y Lacustres.
 
El artículo 268 de la Constitución Política del Estado en el capítulo cuarto Reivindicación Marítima dice: “el desarrollo de los intereses marítimos, Fluviales y Lacustres y de la Marina Mercante será prioridad del Estado y su administración y protección será ejercida por la Armada Boliviana de acuerdo con la ley.”
 
Los Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante tienen la misión de: “Normar, administrar, proteger y desarrollar los intereses marítimos, fluviales, lacustres, marina mercante y la pesca marítima de altura con la finalidad de garantizar la seguridad de vida humana, alimentación, navegación, protección del medio ambiente acuático” (Dirección General de Intereses Marítimos, FLuviales, Lacustres y Marina Mercante, 2011).
 
La pesca marítima no es empleada por el Estado boliviano, como país sin litoral marítimo, que sin embargo, goza del beneficio de efectuar pesca en alta mar, de acuerdo a tratados y convenios internacionales.
 
El artículo 311 de la Constitución Política del Estado en su parágrafo II, inciso 2 dice: “Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado. Se respetará y garantizará la propiedad individual y colectiva sobre la tierra. La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo establecido en la cuarta parte de esta constitución referida a la estructura y organización económica del Estado” (Bolivia, 2009). Considerado como contribución a la economía.
 
Destacar la innovación de esta investigación, que contribuye al art. 268 de la Constitución Política del Estado  y su condición de mantener a Bolivia con actividad marítima creíble, propia y no solo de Estado Abanderamiento en apego a normas internacionales es relevante para los intereses nacionales.
 
Bolivia estaría presente en aguas internacionales, con su propia flota pesquera, primero: con tripulación boliviana, donde  habría que capacitar para este efecto personal técnico, con suficientes conocimientos, trabajando con toda solvencia, tanto en la pesca, como en cuanto al mantenimiento de la embarcación y conocimientos sobre navegación marítima; Bolivia, a la fecha no tiene una flota pesquera propia, por consiguiente se plantea como innovación, para aplicar los convenios internacionales en los que nuestro Estado es signatario por ser un país sin costa marítima.
 
Es de interés general para todo boliviano que potencialmente se involucrará directa o indirectamente con el arte de la pesca marítima y sobre la conciencia marítima boliviana. En lo social permitirá esta actividad pesquera marítima, generar fuentes de trabajo, tanto en lo primario como trabajos terciarios (puerto, navegación, pesca, etc.).
 
Bolivia, no solo tiene la capacidad intelectual y el recurso humano formado principalmente en la Armada Boliviana sino que cuenta con el apoyo del Gobierno porque como Estado puede asumir este reto que desde luego le permitirá desarrollar mucho más otros sectores productivos y comerciales que aporten al Producto Interno Bruto y por tanto a la economía nacional.



Elizabeth Gabriela Goytia Huerta
Es Abogada titulada de la Facultad de Derecho



[1] Así se denominaba a la actual Armada de Bolivia.
[2] Bolivia se adhirió a la CONVEMAR el 27 de noviembre de 1984, ratificando el 12 de julio de 1994.

Regulación de Sobrevuelo de Drones (Rpas) Civiles en el Estado Plurinacional de Bolivia


La investigación realizada para la regulación de drones civiles en el Estado Plurinacional de Bolivia  surge a consecuencia del avance de la tecnología y la necesidad de poner orden a la inminente utilización y sobre-desarrollo de esta actividad de vuelo de drones civiles con distintos fines, entre ellos comerciales. 
Los inconvenientes que presentan el uso de drones en Bolivia, es la ausencia de un marco regulatorio. La Ley Aeronáutica Boliviana (Ley 2902) no reglamenta las aeronaves no tripuladas solo da a entender en su artículo 10°. El despegue, la circulación y el aterrizaje de aeronaves son libres en el territorio y espacio aéreo boliviano, en cuanto no fueren limitados por esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones aeronáuticas vigentes, por razones de defensa o seguridad nacional o de interés público.

Lo que implica que ni siquiera se prevé la existencia de aeronaves sin piloto. El problema  surge tanto con que estos artefactos compartan el cielo con la aviación general o la comercial, lo que se denomina espacio aéreo controlado.
En una actividad donde la dinámica y la condición de estándares de seguridad y confiabilidad con que operan las actividades aeronáuticas, carezcan de un marco regulatorio representa un serio obstáculo para el empleo de estos sistemas en los espacios aéreos controlados, así como una amenaza para la seguridad nacional y particular.
 
Para determinar la necesidad de regular los drones comerciales en el Estado Plurinacional de Bolivia, se debe previamente evaluar necesariamente, el ambiente en el cual se desenvuelve la sociedad actual, para tal efecto, se estudian las causas que lo originaron y sus repercusiones e impacto en el desenvolvimiento de la realidad boliviana.   
Después de haber comprendido la importancia de la regulación de los drones civiles en su verdadera dimensión podemos analizar que jurídicamente existe un vacío.

Emergen de la investigación recomendaciones y conclusiones tales como: que el sobrevuelo de drones (RPAS) Aviones Controlados de Forma Remota, sea regulado por la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) Boliviana; y también, que el sobrevuelo de drones sea fiscalizado por la autoridad de la aviación civil DGAC (Dirección General de Aviación civil).
El Derecho Aeronáutico y Política Aérea en  el Estado plurinacional de Bolivia constituyen un tema de suma importancia que debe ser analizado y evaluado minuciosamente por las respectivas autoridades para el desarrollo continuo de todo su clima institucional.


La DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) como la institución máxima de control aéreo en Bolivia puede dar control y seguimiento a empresas comerciales de drones civiles nacionales o extranjeras con el fin de brindar seguridad pública; por ello que la propuesta jurídica que ha derivado de la investigación se emite como una Reglamentación de la Aeronáutica Civil Boliviana para la certificación y operación de aeronaves no tripuladas.


Adhemar Ronny Román Miranda
Es abogado titulado de la Facultad de Derecho

Taller Calidad y Operaciones en la Industria Hotelera una perspectiva desde el Mundo Real

Los días 20 y 23 de Septiembre en el Auditorio Illimani  de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES a horas 10 de la mañana se llevó a cabo el taller CALIDAD Y OPERACIONES EN  LA INDUSTRIA HOTELERA: UNA PERSPECTIVA DESDE EL MUNDO REAL, que fue impartido por la Expositora Internacional Claudia Durán quien cuenta con un  “Masters in Management” en la ESCP EUROPE de Paris Francia, catalogada entre las top 3 de Maestría en gerencia en Europa.

Claudia Durán actualmente se desempeña como consultora en Estados Unidos, Francia, Suiza, Brasil, Ecuador, Bolivia, India, Emiratos Árabes Unidos y Singapur, y entre su amplia experiencia profesional destaca su desempeño como Gerente de Administración, Finanzas y Recursos Humanos en Intercontinental Hotels, H.I. Development de los Estados Unidos.
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“Recibí la invitación con mucho orgullo y mucha felicidad para dictar este Taller en La Paz y al ver que hay muchos jóvenes interesados en el campo de la hotelería y gastronomía quise compartir con ellos mis experiencias y conocimientos, para hacer así una pequeña diferencia en la vida de ellos”, añadió…

Según la experta los bolivianos podemos ser líderes en la formación de una nueva generación de administradores de hoteles, administradores del turismo, Chefs de cocina y/o cocineros, empresarios hábiles y gerentes por ello la formación y capacitación, debe realizarse acercando a ellos experiencias internacionales de ambientes altamente competitivos.

Taller: Calidad y Operaciones en la Industria Hotelera


Este próximo 20 y 23 de Septiembre tendremos el Taller: Calidad y Operaciones en la Industria Hotelera, una perspectiva desde el Mundo Real, el mismo que será impartido por la Lic. Claudia Durán. 

Conozcamos un poco más de la calidad y experiencia profesional de la Conferencista Internacional: 
Ella nos comparte un poco sobre sí misma y su trabajo en el mundo de la Hotelería.

"Soy una persona altamente entusiasta, motivada siempre por una actitud positiva hacia la resolución de desafíos”.
“Habiendo residido y trabajado en Asia, Medio Oriente, Europa, Norte y Sud América; he estado profundamente expuesta a un ámbito de gran diversidad cultural. A través de mis 15 años de experiencia profesional, en empresas multinacionales, he tenido a bien desempeñar una amplia gama de roles en una variedad de cargos gerenciales. Actualmente, estoy comprometida con compartir la experiencia adquirida, a través de la formación y capacitación en liderazgo; y por medio, ayudar a las personas a encontrar un balance entre la vida personal y laboral, para que estén siempre en condiciones para dar lo mejor de si mismas"

CONSULTORA INTERNACIONAL
En Estados Unidos, Francia, Suiza, Brasil, Ecuador, Bolivia, India, Emiratos Árabes Unidos & Singapur.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Intercontinental Hotels, H.I. Development – USA,  Gerente de Administración, Finanzas y Recursos Humanos
Group Accor, So tel Hotels – USA, Sub Gerente de Administración y Finanzas
Hilton Hotels – USA, Jefe de Coordinación Administrativa del Directorio
Neblina Forest Eco Tour Operator – Bolivia, Brasil, Ecuador, Gerente de Operaciones

El Evento se realizará los días 20 y 23 de Septiembre de 2016 de horas 10:00 - 12:00   en el Auditorio Illimani de la Universidad de Los Andes.




El Derecho y la Resolución de Conflictos

El conocimiento de las bondades que otorga el derecho en la resolución de conflictos es muy importante, debido a que es aplicable en todas las actividades humanas. Es así que en el caso concreto de los problemas que puede atravesar un gremio, el derecho otorga  herramientas útiles que ayudan a la resolución de conflictos. 

Uno de los medio disponibles en la actualidad son las intervenciones realizadas por las Sociedades de Gestión Colectiva, que tienen -entre sus atribuciones- velar por los derechos de todos sus asociados y representarlos en caso de la vulneración de los derechos de los mismos. 

La Sociedad de Gestión Colectiva se convierte en una organización que canaliza la solución de conflictos mediante el ejercicio de sus competencias establecidas en su reglamento. Se puede apreciar también que estas Sociedades de Gestión Colectiva pueden llegar a convertirse en parte actora importante en la resolución de controversias, a través del establecimiento de Centros de Conciliación y Arbitraje especializados, dado el conocimiento acumulado en el gremio respecto a problemas que hacen al quehacer cotidiano de sector.

Es importante tener en cuenta que la resolución de conflictos, permite un desarrollo armónico del sector, generando: proactividad e  iniciativa, entre otras; por lo que una Sociedad de Gestión Colectiva puede ser el canal idóneo para gestionar y por su intermedio solucionar conflictos no solo particulares de los miembros, también los que afectan al gremio ya sean estos de índole legal, administrativo u otro. 

Por lo que se necesita para la consolidación y puesta en marcha de un proyecto de esta naturaleza,  en el caso de asumir la conformación de la Sociedad de gestión Colectiva, el compromiso de todos los miembros y el seguimiento constante para llegar a buen destino como organización; y desde luego, la capacitación en los medios alternos de solución de conflictos.



Victor Hugo Huaynoca